¿Por qué destruyeron el Seguro Popular?

El Seguro Popular ya no existe, falleció de una enfermedad terminal llamada “Cuarta Transformación”. Su nombre completo era “Sistema de Protección Social en Salud”, pero todos a quienes ayudó y trabajaban para él le llamaban Seguro Popular.

Nació en 2004, durante la administración de Vicente Fox, como un sistema de salud de afiliación voluntaria para la población que no contaba con seguridad social por una relación laboral, con el fin de disminuir los gastos en salud en que incurren las personas que menos tienen hacen cuando no son derechohabientes.

Entre 2006 y hasta el último día de 2019, el Seguro Popular creció en número de afiliados de 15.7 millones de personas sin derecho a la Seguridad Social a 51 millones en 2019. Esto lo revela un informe publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval.

No era perfecto, pero entre otras cosas contemplaba atención a 284 tipos de padecimientos hasta 2019 (incluido el cáncer). La evaluación de impacto del SP de 2008 mostró que la afiliación al SPSS reducía en seis puntos porcentuales la prevalencia del gasto en salud y en tres puntos porcentuales la probabilidad de incurrir en gastos catastróficos por motivos de salud, y evitaba que miles de familias pusieran en riesgo su estabilidad financiera por cuestiones de salud.

Para su sobrevivencia contaba con un esquema de aportaciones tanto del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y las contribuciones de los afiliados conforme a su capacidad económica.

Gracias a ello durante el periodo 2008-2018, la carencia por acceso a servicios de salud en México se redujo 22.9%. Obviamente la calidad de los servicios no era la mejor y dependía en mucho también de los estados y municipios, ya que además afectaba variables clave como la mortalidad materna. Por otro lado, tenía una eficiencia de cobertura por arriba de 99% de su población objetivo y entre más pobres, mayor afiliación.

Es cierto también que, si bien priorizaba la afiliación, las principales quejas estaban en la calidad de los servicios. El Seguro Popular padecía de otros males, aunque no fueron los que lo mataron, por ejemplo: a la par del incremento en las afiliaciones no se incrementó la infraestructura ni el personal, aumentaron los tiempos de espera en citas programadas y en urgencias, así como la falta de medicamentos, entre otras cosas.

Pero su pecado original fue haber nacido en el llamado “periodo neoliberal”, hoy en su lugar ha quedado un Instituto (no un programa) el “Instituto de Salud Para el Bienestar”, Insabi, que no tiene reglas de operación claras, no tiene legislación secundaria, no atiende a pacientes con enfermedades que generan gastos catastróficos (como el cáncer) y tampoco tiene claro cómo se va a financiar.

Y aunque el gobierno promete que todos los medicamentos y servicios son gratuitos, el propio titular del Insabi, Juan Ferrer, señala que ni van a ser totalmente gratuitos ni tienen hoy por hoy la capacidad de cobertura sino hasta dentro de 5 años, cuando se termine el sexenio y muchas personas hayan muerto por falta de atención a su salud.

El exsecretario de hacienda, Carlos Urzúa, publicó un artículo en El Universal en el que critica que no haya habido un esquema transitorio, que el objetivo es quitarles a los gobiernos estatales esta responsabilidad y volver a centralizarlos, además de que no está claro el proceso de afiliación al Insabi y sus criterios de elegibilidad.

La pregunta es, ¿de verdad era mejor destruirlo todo bajo pretexto de la corrupción que corregir lo que estaba mal? Quizá podrían haberle cambiado el nombre en lugar de generar una crisis de salud por un capricho personal del presidente. Y todo para que su chiste barato de que ni era seguro, ni era popular le siga funcionando.